En la actualidad se está produciendo una profunda transformación social, económica y política motivada por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se está asistiendo a un proceso de grandes cambios tecnológicos que permiten configurar la denominada Sociedad de la Información.
La incorporación de las TIC en el ámbito empresarial puede resultar un elemento clave para mejorar la competitividad, impulsar el crecimiento económico y lograr una mayor creación de empleo. Por tanto, la competitividad de nuestro país y su papel en el orden mundial dependen, en buena medida, de nuestra presencia en la sociedad de la información.
Son necesarios, en este sentido, grandes esfuerzos de adaptación por parte de empresas, trabajadores y administraciones públicas para poder aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la Nueva Economía. Deberían, asimismo, realizarse enormes esfuerzos para que el mercado laboral disfrute de los beneficios de ese desarrollo tecnológico. Aunque no está claro el impacto que los cambios tecnológicos pueden ejercer sobre el empleo (pues pueden destruirse puestos de trabajo en los sectores productivos más tradicionales y generarse otros en aquellos directa e indirectamente relacionados con la Economía Digital) es de esperar que la tendencia sea hacia su creación. El argumento es sencillo. En la actualidad existe un desajuste entre la demanda y la oferta de perfiles profesionales cualificados en el ámbito de las TIC que limita el crecimiento del sector. Las ganancias de competitividad de las empresas están condicionadas a la disponibilidad de estos profesionales, que afecta en última instancia al desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos. Un mayor número de efectivos permitiría, claro está, acometer estos nuevos proyectos y mejorar así en términos de competitividad.
Con el propósito de acercarnos a la Sociedad de la Información, y poder aprovechar, entre otras, las oportunidades de empleo originadas por el desarrollo de las nuevas TIC, las instancias públicas están emprendiendo políticas para sensibilizar a todos los agentes sociales sobre la importancia de la implantación de estas tecnologías en nuestro entorno. En este sentido, han surgido diferentes iniciativas públicas que difieren en su territorio de aplicación y que tienen este mismo objetivo común.
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